La fiscal europea antiAyuso ignora las ayudas al marido de Calviño que investiga Anticorrupción

Concha Sabadell, la fiscal que representa a España en Europa y que ha iniciado una cruzada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se ha interesado por los contratos con fondos europeos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, denunciados en la Fiscalía Anticorrupción. Según fuentes judiciales, la representante del Ministerio fiscal en la Gürtel, que consideró «abrumadoramente acreditada» la existencia de la Caja B del PP, no ha solicitado al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, las adjudicaciones del Ejecutivo a la empresa del marido de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y otros contratos denunciados por un presunto delito de malversación para el que es competente la Fiscalía europea.

Díaz Ayuso denunció doce contratos de emergencia que el Gobierno adjudicó a siete empresas relacionadas con el PSOE. «Son contratos que superaron los 326 millones de euros al erario, se administraron incluso mascarillas por un valor entre un 25 y un 500% por encima de las adjudicaciones anteriores en un mismo momento. Por tanto, van a tener que dar ustedes -el PSOE- muchas explicaciones», manifestó la dirigente regional. En concreto, la denuncia, se dirigió contra «todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que puedan aparecer como responsables de los hechos irregulares».

La denuncia se centra en las irregularidades que afectan a la contratación de emergencia relacionada con el Covid-19, «por el indudable interés social que presenta la corrección de una contratación que debía proveer de obras, servicios y suministros en unos momentos de especial dificultad para la sociedad española», reseñaba el escrito.

El marido de Calviño

Sin embargo, la presidenta regional también puso en conocimiento de la Fiscalía otras adjudicaciones presuntamente irregulares «que deben ser investigadas por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública». Entre estos últimos destaca el contrato a Beedigital, sociedad de la que es director de marketing el marido de la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, Ignacio Manrique de Lara.

Esta empresa recibió un total de 532.400 euros por un contrato de servicios de gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social, es decir, gestionar el cobro de un paquete de fondos europeos que reparte su esposa desde el Ejecutivo. La compañía, denominada Beedigital, oferta ocho tarifas que venden “soluciones de digitalización”. Sus precios oscilan entre los 125 y 6.000 euros. Cualquier pequeño y mediano empresario que opte a estas ayudas estatales de Calviño está obligado a contratar previamente una sociedad intermediaria como la de su marido.

La adjudicación corrió a cargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, entre tres ofertas, alzó ganadora la de Beedigital, tras «realizar una valoración de los criterios basados en juicios de valor». La empresa en la que trabaja el marido de Calviño fue la adjudicataria incluso a pesar de que entonces tenía una deuda de 852.000 euros con la Administración Pública. «Es conveniente recordar que el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público establece la prohibición de contratar a la administración con empresas que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes», indicó la denuncia.

Con fondos europeos

La presidenta de la Comunidad de Madrid también denunció contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. «La compañía adjudicataria, con sede en Zaragoza, ofrece servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales de energía, agua e infraestructuras agrícolas y opera principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez. No obstante, la empresa lleva sin comunicar un proyecto desde 2017. Por todo ello, no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato ni que tampoco pudiera tener actividad relevante en China, para poder ser suministrador referente de mascarilla adquirida en dicho mercado», subrayaba la denuncia.

Además, añadía, la cifra de negocios de la citada empresa fue de cero euros en 2019 frente a los 53,13 millones de euros que obtuvo en 2020 como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas con el Covid-19. La denuncia destaca que en el plazo de siete días recibió dos contratos, por un valor superior a los 36 millones de euros, para adquirir material sanitario. «¿Cómo había logrado en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis redirigir su actividad y lograr tan importantes contratos de suministro de recursos sanitarios tan escasos en dichos momentos? Las noticias aparecidas en los medios de comunicación apuntan a que la explicación puede guardar relación con la confianza entre los dueños de esta sociedad y el ex ministro José Luis Ábalos», concluía la denuncia.

OKDIARIO ha podido comprabar que uno de los contratos que el Gobierno adjudicó a dedo a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL el 27 de marzo de 2020 para el suministro de cinco millones de mascarillas por valor de 12,5 millones de euros, estaba «cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O. Plurirregional de España».

Por tanto, la fiscal europea tiene competencia para investigar los contratos a la empresa Beedigital, sociedad en la que trabaja el marido de Calviño, y a la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL que sin experiencia previa ganó la adjudicación de un gran número de contratos para el suministro de material sanitario durante la pandemia. Sin embargo, la fiscal Sabadell no se ha interesado, por el momento, por estas adjudicaciones que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez.